Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Santander, Sentencia 90/2025, de 20 de mayo.
TSJ Cantabria, Sentencia 290/2026, de 16 de julio.
Resumen de los hechos
El servicio municipal de recaudación tuvo conocimiento de las transmisiones operadas en 2023 a través del sistema notarial ANCERT, y giró las liquidaciones de IIVTNU, notificadas en abril de 2024 al sujeto pasivo, sin que fueran recurridas.
Fuera de plazo, fue solicitada la declaración de no sujeción por minusvalía, instando anulación de liquidaciones, siendo rechazada mediante resolución municipal, que también adquirió firmeza. Posteriormente, la mercantil interesada simultaneó el recurso extraordinario de revisión y la acción de nulidad invocando el art. 217 LGT; siendo ambos inadmitidos por sendos actos administrativos; recurriendo judicialmente sólo la de inadmisión del recurso de nulidad por minusvalía con cita de la jurisprudencia de STC n.o 59/2017 y la STS n.o 941/2024.
En primera instancia se declaró la nulidad de dicha inadmisión y de las liquidaciones, condenando al Ayuntamiento a devolver su importe con incremento del interés legal desde la presentación del recurso de nulidad en vía administrativa, e imponiendo las costas a la Administración demandada. La sentencia, haciendo caso omiso del nuevo régimen legal aplicable tras el RD-Ley 26/2021 de 8 de noviembre, transcribe la totalidad de los fundamentos de derecho y fallo de la STS n.o 457/2025 de 21 de abril (rec. 2754/2023), relativos a la acción de nulidad ejercitada por el Banco de Santander contra liquidaciones firmes de 2018, tras el cambio de criterio operado en la doctrina legal, corrigiendo línea marcada por el propio Tribunal Supremo mediante la fijada en la STS n.o 339/2024 de 28 de febrero, que trasladó los efectos de la nulidad de las normas sobre el IIVTNU declaradas inconstitucionales a las liquidaciones tributarias firmes del impuesto que, con aplicación de dichas normas inconstitucionales, hubieran determinado una ficticia manifestación de capacidad económica; permitiendo fueran objeto de revisión de oficio a través del art. 217.1.g) LGT al no haber transcurridos más de 4 años desde el pago a la solicitud de nulidad. Y, fallando a favor de la mercantil demandante, hace constar su firmeza e imposibilidad de recurso por razón de cuantía, fijada como inferior a 30.000 €.
El Ayuntamiento interpuso recurso de apelación al entender que, tras el RD-Ley 26/2021, no se está ante liquidaciones firmes con minusvalía en aplicación de la doctrina legal sobre normas declaradas inconstitucionales, sujetas a legalidad ordinaria, dado que se trataba de liquidaciones firmes y consentidas, por no haber sido recurridas en plazo conforme al art. 14 TRLRHL, atendiendo a la nueva normativa de derecho positivo en vigor al momento de efectuarse las transmisiones, no anulada ni declarada inconstitucional, debiendo prevalecer los principios de legalidad y de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). Es decir, no se trataba de liquidaciones afectadas por la declaración de inconstitucionalidad de la anterior redacción de los preceptos del TRLRHL, sino de liquidaciones giradas en 2024, con devengo del impuesto en fecha posterior a la entrada en vigor del RD-Ley 26/2021; normativa declarada constitucional y aplicable a las transmisiones de inmuebles realizadas a partir del 10/11/2021, previa adaptación de la ordenanza fiscal al efecto.
Tras el periplo de aclaraciones y recurso de queja frente a la inadmisión del recurso de apelación, este fue finalmente admitido a trámite por Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Cantabria, tras citar las SSTSJ de Madrid n.o 151/2025 y 152/2025, ambas del 21 de febrero (recs. 1029/2024 y 1039/2024), y la STSJ de Madrid n.o 292/2025 del 4 de abril (rec. 1097/2024), estimatorias de apelaciones municipales, en supuestos similares al de este caso, y según lo cual, tras el RD-Ley 26/2021, la minusvalía constituye un vicio de legalidad ordinaria objeto de examen por cauces del recurso ordinario, y no tras la firmeza de la liquidación.
Fundamentos jurídicos claves
Las liquidaciones fueron giradas aplicando la normativa vigente, tras la reforma operada por el RD-Ley 26/2021 de 8 de noviembre, adaptando el TRLRHL a la reciente jurisprudencia del TC sobre el IIVTNU. No se suscita duda de constitucionalidad sobre el nuevo régimen, sino una duda jurídica sobre cómo se ha aplicado por el Ayuntamiento.
El nuevo régimen normativo aplicado a las liquidaciones deriva de la Ordenanza fiscal municipal, aportada con la contestación y ajustada al RD ley 26/2021, en cuyo art. 11.1 se obliga al sujeto pasivo a presentar, junto con la declaración, los elementos imprescindibles para practicarla, y en su caso, para acreditar el supuesto de no sujeción que regula, cosa que, sencillamente, el sujeto pasivo no hizo. Las liquidaciones devinieron firmes y no fueron recurridas.
No se trata de un supuesto de la revisión de oficio del art. 217.1.g) LGT, sino de un error del sujeto pasivo a la hora de efectuar la liquidación. En relación a ese supuesto de no sujeción el art. 104.5 TRLRHL, en consonancia el artículo 11.3 de la ordenanza, establece que para constatar esa minusvalía, el sujeto pasivo interesado en acreditarla, deberá declarar la transmisión y aportar los títulos que lo documenten, estableciendo después las reglas para determinar los valores, y una vez giradas las liquidaciones, sencillamente sucede que el actor no las recurre. Posteriormente, firmes y consentidas, intenta hacer valer un supuesto de no sujeción por inexistencia del hecho imponible aduciendo la doctrina de SSTC n.o 59/2017, n.o 126/2019, n.o 182/2021 y n.o 941/2024. No cabe, por lo tanto, acudir ahora a la revisión de oficio. La jurisprudencia que invoca la demanda no se refiere al nuevo régimen legal sino al anterior.
Según la sentencia de apelación es el nuevo art. 104.5 TRLRHL el que regula un supuesto de no sujeción cuando no existe incremento de valor; precepto que establece el mecanismo y reglas para fijar cuándo existe o no existe ese incremento de valor. En estos casos, la base imponible se calcula conforme a las reglas del art. 107 o el sistema del 104.5 TRLRHL, cuando aun existiendo plusvalía esta es inferior al importe de la base imponible determinada por el método del art. 107 TRLRHL.
«De todos modos, como ya sucedía antes de la indicada reforma y durante todo el periplo jurisprudencial, los actos de liquidación recurridos nunca son aplicación de estas normas con rango de ley sino de las Ordenanzas fiscales municipales que regulan este tributo. En el caso del ayuntamiento de Santa Cruz de BEZANA se trata de la ordenanza fiscal número 205, BOC de 13-6-2022 que, no obstante, establece un régimen idéntico a legal señalado. […]
Es decir, estamos ante liquidaciones no giradas en virtud de los preceptos declarados inconstitucionales, primero con carácter parcial en 2017 y luego, con carácter total, en 2021. Son liquidaciones giradas bajo un nuevo régimen, que permite la no sujeción del impuesto cuando no hay hecho imponible. Es decir, el nuevo sistema no genera ningún problema con el principio de capacidad económica.
Esto lleva a una primera conclusión evidente, como es que tal doctrina no es aplicable directamente a estas liquidaciones, pues se pronuncia respecto de la redacción de la norma anterior a la reforma.
Ahora, la cuestión es, si abonado un impuesto conforme a una liquidación y no recurrida esa liquidación, si posteriormente el sujeto pasivo advierte que debería haber alegado la no sujeción conforme a un precepto de la norma, cabe la revisión de oficio o no. Es decir, no hay ninguna duda de que se giraron las liquidaciones, que son firmes porque no se recurrieron en plazo, y que se giraron de conformidad con la nueva legislación.
Toda la doctrina que se invoca es la relativa a la causa de nulidad del artículo 217.1. g) como consecuencia de una declaración de inconstitucionalidad, pero no como consecuencia de un error del sujeto pasivo a la hora de efectuar la declaración del impuesto o por falta de aplicación de lo establecido en el artículo 104.5 TRLHL. Por tanto, la causa de nulidad invocada por el sujeto pasivo del art. 217.1.g) LGT consistente en la declaración de inconstitucionalidad parcial de los preceptos del TRLHL, no concurría, porque tales preceptos inconstitucionales no eran aplicables al caso. […]
En consecuencia, la sentencia de instancia yerra aplicando una doctrina que se establece para la anulada redacción del TRLHL a la nueva normativa. Desde luego, no se ha planteado recurso indirecto contra ordenanza fiscal, ni evidentemente una cuestión de inconstitucionalidad frente al nuevo real decreto ley.
Ahora el nuevo régimen permite al sujeto pasivo acreditar la minusvalía como supuesto de no sujeción. No existe por lo tanto ningún tipo de infracción y ninguna posibilidad en cuanto a esto de grabar supuestos de capacidad económica ficticia.
Lo que puede ocurrir es que el sujeto pasivo liquide mal, no acredite la no sujeción conforme a lo establecido en la normativa y luego no recurra, que es lo que ha pasado aquí».
La causa de nulidad fundada en la letra g del art. 217.1 LGT, según la sentencia, no concurría, porque estaba fundada en la inconstitucionalidad de la norma, no era aplicable al caso, e invocando el art. 217.3 LGT señala que:
«El objeto del pleito no era un recurso contra la liquidación de la plusvalía sino contra una inadmisión de una solicitud de revisión de oficio a tenor del art. 217 LGT de un acto, el liquidatario, firme y consentido. Esto significa que, ante todo, lo que debía analizarse es si existía o no una pretensión razonable de revisión a la vista de la causa de nulidad invocada. Y al no concurrir esa causa, de forma evidente, la decisión de inadmisión era correcta. Porque la circunstancia de que el sujeto pasivo se equivoque no cumpla sus obligaciones formales para acreditar la no sujeción y después advierta el error, una vez que es firme la liquidación, no configura la causa de nulidad invocada».
Aplicación práctica para la Administración
En el día a día de la Administración pública tributaria, la principal consecuencia radica en la necesidad de extremar el rigor procedimental y de gestión documental ante las impugnaciones de liquidaciones del IIVTNU giradas tras la reforma del Real Decreto-ley 26/2021. En el cauce administrativo, las entidades locales deben ser especialmente meticulosas al resolver de forma individualizada y mediante resoluciones independientes —y no de manera conjunta— las distintas acciones que los contribuyentes planteen de forma simultánea o sucesiva (como el recurso extraordinario de revisión o la solicitud de nulidad de oficio del art. 217 LGT), dado que cada una obedece a un régimen jurídico y a un control judicial diferente.
Práctica forense
La habitual táctica de los sujetos pasivos de ejercitar, sucesiva o simultáneamente, diversas acciones o recursos, incluso con idéntica argumentación, exige ser meticulosos a la hora de resolverlos uno por uno, y no en la misma resolución, dado su diferente régimen jurídico a la hora de la fiscalización judicial.
El procedimiento abreviado sin vista en lo contencioso-administrativo implica una rápida respuesta por parte de la Administración, que debe remitir el expediente administrativo al mismo tiempo que presenta la contestación de la demanda.
No basta con invocar la normativa vigente aplicable, sino la aplicación efectiva de la Ordenanza fiscal publicada, siempre adaptada al RD-Ley 26/2021, para lo cual es conveniente y oportuno no sólo citar su fecha de publicación, sino aportarla en autos.
En cuanto al fondo, destacar que estamos ante actos firmes en aplicación de la nueva normativa en vigor, declarada constitucional, y no ante liquidaciones firmes en aplicación de las normas declaradas inconstitucionales.